Carta a la CNDH

EL SIGUIENTE DOCUMENTO NARRA EN GRAN PARTE EL CASO DE JOSE OCAMPO VERDUGO, ES UNA CARTA ENVIADA AL DR.JOSE LUIS SOBERANES FERNANDEZ, PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DONDE SE LE PIDE SU INTERVENCION INMEDIATA AL DARLE A CONOCER LA DENUNCIA SOBRE UNA VIOLACION GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS DE C. JOSE OCAMPO VERDUGO "JOV".

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Dr. José Luis Soberanes Fernández.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
PRESENTE.

Cirilo José Ocampo Verdugo, por mi propio derecho, actualmente interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur del Distrito Federal, presento a través de este medio una queja por la violación grave, sistemática y reiterada a mis derechos humanos fundamentales.

Fundó la presente queja en el Artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Artículos 3, 4, 6, 7, 8, 25, 27 y 70 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y 6, 16, 17 y 18 de su reglamento interior y demás relativos y aplicable.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue instituida para evitar el abuso de la autoridad al conculcar aquellos derechos primigenios y fundamentales que se engloban en el termino de humanos por ser aquellos que definen y dan sentido al género, recurro a ella con la esperanza de ser oído y de recibir su apoyo institucional para evitar el abuso y ser restablecido en la dignidad de mi condición.

Soy un ciudadano mexicano que organizo un sistema de ahorro y préstamo popular encuadrado en la estructura de la Ley de Cooperativas. Las sociedades formadas, al pagar altas tasas de interés a partir de inversiones menores, atrajeron un número importante de ahorradores que permitieron generar buenas inversiones, prudentemente administradas, que beneficiaron financieramente a aproximadamente a un millón de familias; el llamado nicho de mercado que yo atendí había sido menospreciado por el sistema financiero bancario tradicional que al ver el éxito de mi sistema operativo, presiono al Poder Ejecutivo Federal a efecto de que se me indujera para cerrar dichas cajas de ahorro.

Yo me negué y sufrí las imputaciones dolosas y falsas del Ministerio Público Federal a través de la Unidad Especializada en contra de la Delincuencia Organizada (UEDO) dependiente de la Procuraduría General de la República. A partir de indicios absurdos e inventados fui consignado a un juzgado de Distrito acusado de un delito inverosímil: lavado de dinero. Para ello se usaron métodos antijurídicos, y en la prisión he sido objeto de torturas físicas y psicológicas desde mi ingreso, a partir de las cuales he sido obligado a ceder mis bienes personales a favor del estado.
La tortura ha llegado a tal grado, que privaron de su libertad a mi hija para presionarme y amenazar a mi familia (ella estuvo 5 años con 3 meses recluida injustamente en un centro penitenciario de la ciudad de Colima, Colima; México. Pero después tuvieron que dejarla en libertad porque nunca le comprobaron ningún delito, todo fue fabricado para fastidiarme y como parte de su malévola venganza en contra de mi persona involucraron a una inocente; por ello, mi hija perdió más de 5 años de su vida, pues ella posteriormente salió de la prisión de forma absuelta) para que mis bienes pudieran ser confiscados ilegalmente, y hayan sido ocupados, destruidos y usufructuados indebida, ilegal e impunemente en perjuicio de mi familia y del patrimonio de las cooperativas de las que soy deudor (ello ocasionado: por nefastas y codiciosas personas que con sus credenciales de poder son las encargadas de conducir e impartir justicia en el país, originan sin remordimientos problemas a ciudadanos distinguidos y trabajadores que contribuyen en el desarrollo de su nación), es decir, los abusos a mis derechos humanos han perjudicado a miles y miles de familias. Al pretender subsanar sus errores la Secretarias de Gobernación y la de Hacienda y Crédito Público han dispuesto de manera abusiva de recursos fiscales para pagar indebidamente y en menor cantidad a los afectados. Las violaciones a mis derechos han propiciado una grave crisis social y no han prescrito en términos del artículo 26 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues han sido continuados en sus efectos y por el número de personas injustamente afectadas pueden considerarse violaciones de lesa humanidad, pues millones de mexicanos perdieron total o parcialmente su patrimonio en razón de las violaciones cometidas en contra de mis derechos humanos.

I.a.- Primera irregularidad. Para poder evitar mis actividades empresariales y financieras, el Ministerio Publico dependiente de la Procuraduría General de la República, imposibilitados para imputarme malos manejos o problemas operativos de las Cooperativas de ahorro e Inversión Popular cuyos exitosos resultados se convirtieron en el sustento principal considerable y creciente de mexicanos con recursos modestos, me imputo el delito de LAVADO DE DINERO. Sostuvo la base de una acusación realizada por una testigo radicada en el extranjero que manifestó haber sido testigo de supuestos ilícitos míos. El Ministerio Publico la interrogo en la ciudad de Miami Florida en EE:UU, pues esta persona había solicitado asilo en aquel país debido a varios factores: había sido víctima de violaciones, por su enfermedad (sida), sus consecuentes secuelas de alteración nerviosa y emocional, esta testigo profirió una serie de mentiras, inventos, infundios, situaciones ilógicas, inconexas e inverosímiles, que como consecuencia prefiguraron mi presunta participación en el delito de lavado de dinero; esta forma de obtener un supuesto testimonio es violatorio de los principios elementales de nuestro sistema constitucional y nunca paso los filtros del perfeccionamiento legal de dicha prueba pues el testimonio nunca fue ratificado, ni respeto mi derechos a carearme contra quien depuso en mi contra, el cónsul mexicano en Miami a requerimiento expreso del juez instructor de mi causa, no pudo encontrar a la testigo en el domicilio falso que ella proporciono en contubernio con la representación social (Ministerio Público Federal).

Precisamente, con un testimonio dudoso, irregularmente vertido e ilegalmente expresado e incorporado a mi consignación, se constituyo mi detención y posterior encarcelamiento; esta testigo es Silvia Paulette Rugamo Prado. Ella nunca tuvo ningún tipo de cercanía conmigo, jamás fue mi empleada, en ningún tiempo fue mi amiga, en absoluto nunca tuve lazos sentimentales o de otra naturaleza. Es por lo consiguiente, que no es creíble que una persona ajena a mí, pueda saber qué situación, que por su naturaleza, supone secrecía y confianza. Lo dicho por esta mujer en el sentido de que yo lavaba dinero de los Amezcua, personas a los que nunca trate o conocí, y que en los careos judiciales, manifestaron la verdad, es decir, no conocerme ni haber tenido nunca relación alguna, es una mentira por la que Silvia Paulette Rugamo Prado recibió de la PGR, una cantidad significativa en dólares.

I.b.- Segunda irregularidad. La Procuraduría General de la República, realizo una investigación en la ciudad de Colima, mi lugar de residencia, para robustecer su debilísima acusación, los policías judiciales encargados, se entrevistaron con la oficina delegación local de la P:G:R. y al no obtener resultado alguno, exhibieron que la única prueba en mi contra era el dicho de un taxista, en el sentido de que mi riqueza provenía de mi actividad ilícita y por lo que ellos llamaron “VOX POPULI”, contraviniendo toda regla procedimental, todo sentido de legalidad y el más elemental respecto a mis derechos humanos, y a mis garantías individuales. Se me consigno a un juzgado federal. Esta circunstancia, absolutamente ilegal, dio origen al razonamiento de la UEDO en el sentido de que yo lavaba dinero de la familia Amezcua, sin más vinculo que haber vivido, supuestamente, en la ciudad de Colima.

Mis acusadores no fundaron ni motivaron su dicho, no realizaron una investigación seria a partir de elementos concretos, invirtieron la lógica de la normatividad penal, investigando hechos para crear causas y tipificarlas a modo de sus deseos y criterios malignos. Durante mi proceso penal se ha acreditado: que yo nunca conocí ni trabaje con los hermanos Amezcua. Existe un peritaje, tercero en Discordia, con carácter oficial, que avala la plena e indubitable procedencia licita de todos mis bienes.

En México, hay una orden penal que indica reglas claras que se fundan en principios sólidos. El Ministerio Público Federal debe respetarlos y no violarlos a partir de sus oscuros intereses.

Esta forma de investigación banal y tendenciosa, contraviene el respeto a mis derechos constitucionales y humanos y es contrario a lo dispuesto en los artículos 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS adoptada por la resolución de La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 217 A (III) adoptada por México, el 10 de diciembre de 1948, que como tratado internacional se ubica jerárquicamente, por encima de las Leyes Federales y en un Segundo plano respecto a la Constitución Federal, de acuerdo a la Tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999. Tesis P. LXXVII/99, PAGINAS 46, materia Constitucional.

Como lo he narrado en el proemio de este escrito, el objeto de crearme artificialmente un delito, era precisamente la inexistencia del mismo y la necesidad de que se frenaran mis actividades, por su evidente éxito, que incomodé al sistema financiero tradicional, fue por ello que el entonces Presidente ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, en el año de 1999 dispuso mi encarcelamiento injusto. Este hecho desencadeno, de manera consecuente, que las cajas de ahorro dejaran de pagar y se propiciara un caos generalizado a nivel nacional. El mal que hicieron en mi contra, también repercutió en contra de ahorradores humildes y (un millón de familias, por consecuencia, cuatro millones de personas) a seis mil quinientos trabajadores de la organización que en ese tiempo se quedaron sin trabajo, todo lo anterior nos indica la magnitud del daño ya realizado; pero asimismo hubo repercusiones políticas, porque el partido oficial en ese tiempo: Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzó a percibir que en plena campaña electoral para la Presidencia de la República del año 2000, el Congreso Federal y varias gubernaturas, los ahorradores se organizaban y amenazaban con votar en contra del sistema priista si no se les devolvían sus ahorros, el sistema político-judicial se dio cuenta que había fabricado una trampa, cuyos efectos se revertían en su contra, pues corría el riesgo de un revés electoral. La solución era liberarme y reconocer la burda y torpe maniobra perpetrada en mi contra o presionarme para que yo entregase mis bienes antes del 2 de Julio del año 2000, esta circunstancia dio lugar a la siguiente irregularidad y violación a mis derechos humanos:

Quiero hacer mención que los Ministerios Públicos MARCELO VEGA ROBLEDO y CALIXTO CUAUHTEMOC PEÑA GARCIA, fueron acusados por mi ante la contraloría interna de la Procuraduría General de la República, por haber falseado información en la averiguación previa; contra ambos hay o hubo procesos administrativos que en su tiempo iniciaron, y de lo cual se han encontrado irregularidades, pero hasta la fecha no sabemos cuál fue el resultado o si ya recibieron sanción alguna.

Yo estaba a disposición jurisdiccional del Juzgado PRIMERO DE DISTRITO DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA PENAL, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal bajo el numero de causa 107/2000- J. La Secretaria de Gobernación, planeo presionarme indebidamente para obligarme a ceder mis bienes, para ello, de manera ilegal y abusiva, me traslado al Reclusorio de Alta Seguridad de Almoloya de Juárez, que se encuentra en el estado de México, en donde fui víctima de vejaciones, malos tratos, torturas psicológicas y físicas, tendientes a doblegar mi voluntad, se llego a tirarme al suelo aplicándome gran fuerza sobre mi cuerpo y amedrentarme con perros de raza Rottweiler cuya fiereza es ampliamente conocida, y que fueron azuzados para que me ladraran y lanzaran mordidas a pocos centímetros de mi rostro. Nunca podre olvidar el vaho y el salivar de estos animales, su olor, el miedo que me hicieron sentir, el ruido de los ladridos que taladraban mis oídos, la taquicardia que sentía, la indignación que sentí por la humillación recibida, y como si eso no fuera suficiente, me trataron como si yo fuese un ser violento o peligroso, recibía golpe tras golpe sobre mi cabeza, partes nobles, torso y extremidades.

Constantemente se me amenazaba y se me atemorizaba con que si no accedía a firmar un poder iban a traer inmediatamente detenida a mi Sra. esposa junto con mis tres jóvenes hijos, para que ellos me hicieran compañía en la cárcel, se me expresaba que ya los tenían localizados para proceder a su aprehensión, todo lo anterior me lo dijo directamente MIGUEL ANGEL YUNES LINARES, que en ese tiempo se desempeñaba como asesor de la subsecretaria de Gobernación; de igual manera, se dirigía a mi persona Miguel Ángel Yunes profiriéndome claras muestras de que me iban a matar si yo no accedía a suscribir un poder para ceder mis bienes.

Asimismo, durante las largas horas de tortura que utilizaron para poder obtener dicho poder, y al ver que no accedía fui drogado, pues fue notorio mi estado general físico y psíquico que decayó notablemente, mis reacciones se tornaron lentas y confusas; finalmente ante todas las actividades ilícitas que me propinaron se me obligo a suscribir un documento con la participación de un notario público. Ya obtenido ese poder y después de tenerme secuestrado por un tiempo de 85 días incomunicado, fui regresado al Reclusorio Norte, lo que prueba de manera indubitable, que el único objetivo de mi secuestro era tortúrame para obtener el documento. Con las acciones antes mencionadas de las que fui claramente víctima, recibí presión psicológica y física, lo que es violatoria en lo dispuesto en LA DECLARACION SOBRE LA PROTECCION DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES (Adoptada por la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas, mediante resolución 3452 (XXX) Y adoptada por México el 9 de Diciembre de 1975) en sus artículos 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11, sin que la fecha y a pesar de reiteradas quejas, se haya procedido a una investigación seria objetiva, imparcial y justa que castigue severamente a DIODORO CARRAZCO ALTAMIRANO, entonces secretario de Gobernación, MIGUEL ANGEL YUNES LINARES, ex-funcionario de esa secretaria, y a AGUSTIN ACOSTA AZCON, ex-servidor público de la misma; así como el entonces Director del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Almoloya de Juárez, Edo. De México (ahora Penal de Máxima Seguridad La Palma) Lic. MARIO ALVARO MARIN ZAMORA.

Además de los personajes antes referidos, participaron conjuntamente otras personas en este hecho bochornoso, constituyendo un conjunto de elementos que prefiguran una asociación delictuosa, pues se congregaron para delinquir de manera consciente y organizada; a continuación destaco entre ellos: al que fungió en ese tiempo como Subprocurador de Justicia JOSE LUIS SANTIAGO VASCONCELOS, al ex-fiscal (y ex-procurador del estado de Chiapas) MARIANO HERRAN SALVATI, todos ellos coordinados por el entonces Procurador General de la República (y paradójicamente ex-Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) JORGE MADRAZO CUELLAR; todos ellos responsables de esta acción cobarde y abusiva que se perpetro en mi contra, y que no tuvo otro resultado que de entorpecer y alargar mi proceso judicial.

La burda y torpe acción no fructifico por que se requerían procesos más complejos para despojar a un ciudadano de sus bienes y ante la inminencia de las elecciones federales aludidas desistieron de sus propósitos.

Este hecho delictivo perpetrado por estos Servidores Públicos violan lo dispuesto en la LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS de México, y en el CODIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY (proclamado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/1269 adoptada por México, el 17 de diciembre de 1979) en sus artículos 1, 2, 5, 6, 7 y 8. Prueba de lo que afirmo es el comunicado de la Juez Instructora de mi causa en contra de la medida multireferida, así como las quejas presentadas por mí, a las autoridades y a los medios sin haber obtenido respuestas satisfactorias de ninguna de ellas.

Conforme pasaba el tiempo y se iba haciendo evidente que las pruebas en mi contra eran inverosímiles y absurdas, el gobierno iba perdiendo credibilidad pues la opinión pública está familiarizada con la práctica, tristemente común de la fabricación de culpables, y lo endeble de la propiedad del sistema Judicial Mexicano que no por casualidad ha sido calcificado como corrupto e ineficaz por la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS que ha detectado serias irregularidades (se dijo en una ocasión que el 75% de los jueces son corruptos) y males endémicos del sistema en su conjunto, pues presenta deficiencias graves de carácter estructural.

Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en México también han sido objeto de señalamiento y protesta por las ONG’s y las instituciones de carácter institucional, y para seguir presionándome aún sabiendo que me privaban de mis bienes a cambio de mi libertad, se perpetro uno de los actos más aberrantes y cobardes, toda vez que por parte de un gobierno estatal, el de Colima, que para intentar obligarme a pagar un dinero, cuya pérdida era consecuencia de los actos irresponsables de un sistema, giro órdenes de aprehensión en contra de mi familia más cercana que tuvo que huir para evitar ser víctimas de una presión estatal injusta, inmerecida e irracional.

Desgraciadamente mi hija fue aprendida, estuvo durante 5 años con 3 meses encarcelada en el Centro de Readaptación Social femenil de Colima, la utilizaron como rehén, infringiéndome mayor presión a mí, y comprensiblemente el mayor sufrimiento imaginable, pues siempre he sido un padre amoroso y responsable, que ha procurado el bienestar de los hijos. Esta cobarde acción fue revestida de una detención legal, aunque no lo sea, pues si en mi caso no hay cargo alguno por fraude, mi hija no tenía relación o responsabilidad alguna; la prueba es que en septiembre del año 2006 salió libre y absuelta de los delitos que con mala fe se le atribuían.

Esta situación que reitero, fue un medio más para presionarme, indebida, injusta e impropiamente, fue perpetrada y orquestada por el entonces Gobernador de Colima, FERNANDO MORENO PEÑA en contubernio con el que era su Procurador de Justicia JOSE ANTONIO SAM LOPEZ, y las autoridades en aquel momento del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima que actuaron no como impartidores imparciales de Justicia, sino como lacayos injustos e indignos que se prestaron a la aberración de privar de su libertad a una inocente joven sin vinculo o nexo con el problema de las cajas de ahorro. Esta acción que destruyo parte de la vida de una joven inocente y de toda una familia que está separada, que vive con miedo y angustia, por un capricho de un grupo de personas con poder, nefastas y peligrosas para la sociedad que actúan de una manera malvada, y todo se puede comprender al ver su manera de avasallar a una persona, imponiendo sus razones sobre la razón. Este acto es nuevamente un medio de tortura psicológica en mi contra, y contraviene lo dispuesto en los artículos 1,2,4,5,9,12,13,15,16 de la CONVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOSO PENAS, CRUELES,INHUMANS DEGRADANTES, depositada en la ONU, adoptado el 10 de diciembre de 1985, de conformidad con la aceptación de las enmiendas adoptadas el 8 de septiembre de 1992.

IV.- Las violaciones a mis derechos humanos, afectaron a muchos miles de mexicanos hasta convertirse en autenticas violaciones de Lesa humanidad, me explico:

LA DECLARACION SOBRE EL PROGRESO Y DESARROLLO EN LO SOCIAL, PROCLAMADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU, en su resolución 2542 (XXIV) adoptada por México, el 11 de diciembre de 1969, señala en sus artículos 1,2,3,4,5,6,7 y demás relativos y aplicables, el derechos del individual al progreso social, al progreso económico, para ello, los individuos de menor potencialidad monetaria buscan unirse para acceder a beneficios financieros, es el caso de las cooperativas de ahorro e inversión previstos en las leyes nacionales que buscan la unión de los débiles para alcanzar un mejor estado vital, mi sistema de ahorro produjo intereses más altos y garantizados a partir de una administración eficiente, yo nunca fui demandado por fraude ni de ningún otro delito en mi más de 50 años de vida, antes de que el gobierno federal me acusara, sin pruebas del delito de lavado de dinero, lo que es sintomático de que nunca incumplí lo prometido e invertí con prudencia y acierto dentro del marco legal, hasta alcanzar una organización de 6,500 empleados, que atendían en 25 estados con 458 oficinas a miles de familias, cuyos miembros beneficiados alcanzaban el millón aproximadamente.

Empleados y ahorradores recibían la retribución puntual y justa. La torpe y barbará acción de la autoridad administrativa federal en su fabricación delictiva , me afecto a mi persona, pero las consecuencias sociales de este hecho, han alcanzado a todos los cooperativistas y a los empleados que se desempeñaban en mi organización, por lo que afirmo que convirtieron una violación a mis derechos humanos en una violación de lesa humanidad a los derechos humanos de miles de individuos afectados como grupo social, por una decisión irresponsable e ilegal de una autoridad gubernamental Federal y Estatal que actuó siguiendo intereses económicos de grupos financieros privilegiados, a la fecha de suscripción de esta queja no se ha comprobado ni un solo delito ni se van a comprobar en mi contra, dado que no existen, pues mis acusadores se basan en dichos indicios, presunciones, dichos, suposiciones, posibilidades, sin certidumbres probatorias plenas, sin criterios periciales sólidos ni testigos serios u objetivos. Estoy siendo indebidamente procesado por una acusación débil e inverosímil que afecta de manera directa y consumada a mis ahorradores, los cuales depositaron en mi su confianza y no fueron defraudados por mi o por interpósita persona perteneciente a mi organización, si no por acciones directamente imputables a la Procuraduría General de la República, por lo que estamos en la clara presencia de una violación de lesa comunidad, y por ende una que es imprescriptible, por otra parte el conjunto de violaciones que narro ha continuado surtiendo sus efectos en el tiempo de manera continuada por lo que no ha prescrito en términos de ley.

Mi derechos a un buen nombre, forjado a lo largo de una exitosa vida en las finanzas y la inversión, el comercio nacional e internacional y la producción industrial de bienes, así como la presentación de servicios, mis actividades dieron lugar a la estima general en la sociedad y al buen nombre que tiene un valor incuantificable en el ámbito mercantil y que dio lugar a que se me reconociera en mi país en donde en el año de 1998 me hicieron acreedor a una presea en el estado de Veracruz como el mejor financiero del estado, misma que se otorga cada dos años, e incluso en el extranjero donde fui nombrado con el Titulo de Almirante honorario en el estado de Nebraska, en los Estados Unidos de Norteamérica. Este título me fue concedido en el mes de septiembre de 1999 por el gobernador del Estado de Nebraska, y es sabido que los norteamericanos realizan investigaciones exhaustivas antes de comprometer sus acciones honorificas por sus evidentes consecuencias, en especial cuando se trata de extranjeros. Hago esta referencia para enfatizar el hecho de que un buen nombre resulta indispensable en los medios financieros, donde la confianza entre las partes es requisito sine qua non para el desarrollo de negocios, pues mi persona gozaba de el y lo alimentaba con una conducta siempre apegada a la Ley, y el reiterado éxito en los resultados en las expectativas ofrecidas por mí.

En mis largos años como operador financiero, mi nombre fue sinónimo de éxito, nunca tuve quejas por mis manejos monetarios, por ello, para eliminarme del mercado que yo conquistaba paulatinamente, se me invento un delito, así se me acuso de usar dinero o recursos de procedencia ilícito de una organización criminal (la de los hermanos Amezcua) como si el éxito financiero tuviese siempre relación con la actividad ilícita. Durante el proceso en múltiples circunstancias, los hermanos AMEZCUA han negado conocerme y los PERITAJES CONTABLES OFICIALES, ASI COMO DE MI DEFENSA, AVALADOS POR UN PERITO TERCERO EN DISCORDIA ADSCRITO A LA PROPIA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA han emitido sus peritajes señalando, de manera indubitable y precisa, que todo mi dinero TIENE ORIGEN LICITO, en este sentido, si bien es cierto que sigo bajo proceso, por la tozudez e impertinencia del Ministerio Publico dependiente de la Procuraduría General de la República lo es también que he ido acotando el margen de maniobra de la parte acusadora, sin embargo, el gobierno federal ha difundido una campaña bien orquestada que permeo en la mayoría de los medios de difusión masiva una mentira, una difamación en mi contra, al insinuar que por mi culpa, que como resultado de mis maquinaciones dolosas, existen muchas familias de escasos recursos que perdieron sus ahorro, que cayeron en desgracia, que vieron cancelados sus propósitos de mejoría: NADA MAS FALSO, no fue por mis actos que esa gente se vio privada de sus ahorros, pues este hecho obedece a los actos del gobierno que al acusarme falsamente, me encarcelo, incauto mis bienes y me imposibilitó física y fácticamente para pagar a los cooperativistas. El gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León intervino más de 500 cuentas de cheques (P.G.R.) y sustrajo todo el dinero que había en ellas, mismo dinero que ya desaparecieron, a la fecha no han querido dar información acerca de cuánto dinero había en ellas, pero se calcula que había mas de 500 millones de pesos.

La Comisión Nacional Bancaria se han negado a dar información a pesar que se le requirió por medio de un Juez de Amparo, haciendo caso omiso a esta orden, llevándome a la quiebra técnica después de tenderme una trampa y luego, ese gobierno y el actual han difundido la especie de que yo estoy en prisión por haber defraudado, es decir, invierten dolosamente los factores, pues yo no he defraudado a nadie, he sido junto, con los ahorradores de mis cooperativas, una víctima por la impune violación de mis derechos. En noticieros nacionales televisivos, he sido señalado como causa de que una familia modesta perdiera su vivienda o una anciana muriera por no poder pagar su atención medica oportunamente, yo no he negado que tengo obligaciones para con los cooperativistas, pero por una acción orquestada por el gobierno, estoy impedido de hacerla al estar en proceso por un delito diverso e igualmente falso, fabricado con dolo.

Se me acusa de ser causa de lo causado y es lo opuesto, yo soy una víctima más y reclamo, para mí y mis ahorradores, que cese la propaganda distorsionada y que prevalezca la verdad expresada justa y puntualmente. La acción en medios, para confundir a la opinión pública, las falsedades expresadas como verdades, la reiterada repetición de infundios han pretendido crear un clima de linchamiento publico en mi contra, de difundir, principalmente, a los ahorradores, pero también de la opinión publica en general, para justificar mis reiteradas peticiones de justicia y equidad, de legalidad y apego a derechos. Estas acciones violan mis derechos humanos que protege la DECLARACION SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS VICTIMAS DE DELITOS DEL ABUSO DEL PODER, adoptada por la Asamblea General de la ONU mediante resolución 40/34 del veintinueve de noviembre de 1985 por lo que hace a mí y a los ahorradores según los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 20 y 21.

Durante mi proceso penal los bienes quedaron, como lo marca la Legislación aplicable, a disposición del Juzgado de Distrito, tratándose de un delito que involucra cuestiones patrimonial relativas a recursos de precedencia ilícita, sin embargo, de manera ilegal y abusiva, la Procuraduría General de la República y la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en lugar de intervenir, bajo orden judicial debidamente requisitada, las cajas de mis distintos negocios, así como las de las cooperativas de ahorro e inversión, con el objeto de proteger a los posibles afectados, en el supuesto caso de que, después de mi proceso, en todas sus instancias judiciales, incluido el juicio de garantías constitucionales, yo fuese declarado culpable, pero en vez de ello, el aparato oficial me confisco mis bienes y los puso a disposición del SAE, que es una entidad pública que administra bienes de delincuentes capturados en flagrancia y de los que se sabe serán condenados indudablemente, este abuso ha propiciado que se violen mis derechos humanos más elementales, pues sin ser oído y vencido en juicio, una autoridad administrativa me priva, inconstitucionalmente, de mis propiedades para “administrarlas”, cuando en realidad las mismas han sido pasto de latrocinio, manejo inadecuado, administración equivoca, sueldos dispendiosos para los administradores, contratos de prestación de servicios que se negocian por debajo de las tarifas del Mercado, despido del personal original, mala calidad en la gestión, abuso de las condiciones de las empresas e ignoro, si se estén cumpliendo las obligaciones fiscales de manera puntual y adecuada. Dado que yo, de conformidad con los contratos y acuerdos signados con los cooperativistas ahorradores, recibía prestamos de las cooperativas para su inversión, para la generación de intereses, mi patrimonio personal se confunde con el capital necesario para hacer las liquidaciones correspondientes de un interés por ello, al confiscar ilegalmente mis bienes, contrariando los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se afecta de manera grave y perniciosa, mi capacidad de pago, lo que afecta gravemente a los ahorradores cooperativistas y a mis más de 6,000 ex-trabajadores, lo que refuerza mi afirmación en el sentido de que el conjunto de violaciones a mis derechos humanos se amplia, por sus consecuencias directas, a miles de mexicanos, lo que constituye una violación de lesa humanidad, a que el propio articulo 1°, de la DECLARACION SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS VICTIMAS DE DELITOS Y ABUSOS DE PODER (ya referida en esta queja) a la letra dice:

Art. 1°.- Se entenderá por “victimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso del poder.

Resulta muy claro que el Estado Mexicano ha abusado de su poder en mi perjuicio, creando, como consecuencia directa e indubitable, un mal social generalizado cuyas consecuencias pueden observarse en el numero e intensidad de las protestas públicas de los ahorradores, lo que ha sido calificado como verdadera crisis nacional, señalando que el propio Congreso de la Unión tuvo que aprobar una partida extraordinaria de recursos fiscales para crear un fideicomiso público, que pago el 70% del capital invertido originalmente, lo cual es nuevamente un abuso de poder, y una decisión equivocada y hasta ilegal. ¿Por qué pagar con recursos fiscales una deuda privada? ¿Por qué destinar dinero que hace falta para crear, sostener y ampliar programas sociales impostergables, al pago de una deuda contraída entre cooperativistas de cajas de ahorro? ¿Por qué solo pagar una parte del capital originalmente depositado y omitir el resto y los intereses consecutivos?

En esencia, sin haber problemas estos fueron creados artificial y torpemente por el estado, cuya intención nunca fue solicitada por los ahorradores.

La intervención no se justifico en la ley ni era necesaria por las circunstancias y afecto todo el proceso de ahorro-inversión-crédito y cobranza que forman un círculo virtuoso en el negocio financiero, al contrario, crearon un circulo vicioso: me impidieron pagar los créditos, perdieron sus ahorros y se afecto la inversión productiva de las cooperativas, dejando sin trabajo a 6,500 empleados y sin ahorros ni intereses a más de un millón de familias y como corolario de los oscuros intereses de unos pocos, se tuvieron que erogar 5,000 millones de pesos del erario federal.

Las respuestas a estas preguntas es simple porque no han manejado con pulcritud y escrúpulo legal y financiero un problema que la autoridad administrativa creo y no sabe cómo manejar cuando los procesos penales no son eficientes para “crear” culpables y cuando las evidencias contradicen las pretensiones gubernamentales. Yo mismo he ofrecido pagar no el 70%, sino el 100% y los intereses mediante un plan en condiciones razonables y factibles que he policitado y ofrecido si se me permite trabajar y responder por mis adeudos, pero ello sería en la óptica oficial, un medio de reconocer que se me inventaron e imputaron delitos falsos y que estoy privado de mi libertad sin razón o justificación. El pago con dinero público, con recursos oficiales, es una nueva violación a los derechos humanos de los ahorradores (que reciben menos de aquellos a lo que tienen derechos) y de todos los mexicanos cuyas aportaciones fiscales se destinan a tapar, enmascarar, disfrazar los errores de los malos gobernantes y no a los programas prioritarios de una sociedad llena de carencias.

Otra violación a mis derechos humanos constituye la REITERADA DENEGACION DE JUSTICIA, pues he querido ser oído por las autoridades responsables de las violaciones a mis derechos humanos, pues he mantenido, a pesar de la injusticia, una actitud conciliadora y sobre todo, propositiva, pues, como hombre de conducta recta, estoy preocupado por aquellos hombres y mujeres que confiaron en mí, y que esperan la completa devolución de su dinero. Es por ello que he solicitado en cartas, comunicados, entrevistas a los medios, desplegados públicos en la prensa, etc., que la autoridad administrativa, reconozca su error y enmiende sus posturas para beneficio de más de un millón de familias mexicanas afectadas.

La autoridad ejecutiva ha hecho caso omiso de mis llamados, ignorando mi preocupación y mi deseo de justicia pronta, imparcial y expedita, como lo señala la Constitución Política Mexicana y la CONVENCION MEXICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA” (22 de noviembre de 1969 aprobado por el Senado de la República el 7 de mayo de 1981), en sus artículos 1,2,3,5,7,8,11,13,14,21,2) mi derechos humano a un trato justo, a ser oído por autoridad administrativa ha sido conculcado y se ha denegado en mi perjuicio, la justicia a la que tengo derechos, prefiriendo mantener una campaña no objetiva, mentirosa y dolosa en mi contra para hacer creer que yo creé una situación de la que soy, paradójicamente su principal, pero no única victima, sin embargo, el poder avasallante del Estado, ha sido utilizado en mi contra para lastimar mi reputación a partir de una campaña incriminatoria que crea confusión en torno a la génesis, consecuencias y soluciones factibles de un problema que tiene dimensión y alcances nacionales, yo deseo que el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos nombre a un representante personal que se entreviste conmigo para negociar un acuerdo que beneficie, en las mejores condiciones posibles, a un millón de ahorradores, sin causar daños, al patrimonio de toda la nación, deseo ser escuchado para exponer mis razonamientos en condiciones dignas y deseo probar mi absoluta inocencia a partir, incluso, de peritajes oficiales, en la absurda acusación de que soy objeto en el proceso federal que se me sigue.

No desconozco la disposición legal que prohíbe a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervenir dentro de procesos que se ventilen por el poder Judicial de la Federación, por lo que no pretendo que la recomendación se emita por lo que hace al fondo de mi proceso penal, pues las violaciones que suscribo se originan por la autoridad administrativa y rebasan mi esfera personal de derechos para abarcar a miles de terceros sin embargo, ad cautelam y para evidenciar la torpeza de la acusación ministerial debo manifestar a manera ejemplificativa y no exhaustiva, una serie de abusos por parte del poder judicial que durante mi proceso que se ha presentado y que han dado lugar a múltiples quejas que he realizado y motivaron que mi proceso se alargara injustamente violando la Constitución de permanecer más del término sin sentencia. Prueba de ello es la queja interpuesta en contra del juez de distrito que me sentencio violando la ley, la jurisprudencia y los principios generados del derecho, que ya fue admitida por el concejo de la Adjudicatura Federal, así como también tengo en mi poder una copia del acta de la visita carcelaria en la que el mismo juzgador me dice, frente a 23 testigos una frase que resume todo mi proceso: “Yo soy humano y puedo equivocarme“. No puedo calificar a la justicia federal de otro modo que de “Consigna” y no es una imputación gratuita que demuestra los alarmantes grados de descomposición de los juzgadores.

Otro elemento importante es que mi coacusado, el notario público Salvador Armenta Padilla fue liberado desde el año 2001 por falta de elementos para procesar, mi supuestos socios, “Los Amezcua” no me conocen, según consta en los autos. Así estoy hoy privado de mi libertad de un delito que no cometí, con las pruebas periciales resultando a mi favor, sin testigos en contra, sin coacusados, sin culpa, sin responsabilidad sin elementos típicos, sin dolo, sin materia.

En su conjunto, las violaciones cometidas en contra de mis derechos humanos fundamentales son violatorias de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura ( Adoptada el 9 de Diciembre de 1985, vinculación Mexicana el 10 de Febrero 1986) por lo que hace a los abusos reiterados en mi condición de recluso, de conformidad con los artículos, 1 ,2,3,4,5,6,7,8,10,11.

E sido víctima de las más infames condiciones, ser privado de mi libertad por un delito que no cometí. Soy una víctima de la incomprensión y el descrédito social como consecuencia de una acusación irracional y falsa que pretende destruir mi nombre, mi fortuna personal, mi prestigio, mi tranquilidad moral y mi unión familiar, todo por haber cometido el pecado de ser exitoso y estorbar a otros que no creen en las recompensas del trabajo, la constancia, el talento y la perseverancia.
Soy un reo de conciencia, atacado en forma avasallante por un Estado inconsecuente que no quiere reconocer los limites de un poder que en principio, le fue dotado para servir a los más sin menoscabo ilícito o injusto de los menos. Soy un hombre de convicciones, de principios, de carácter y de fe, y no reconozco otra realidad que la del esfuerzo cotidiano de toda una vida de empeñosa actividad creativa, creo que el derecho es la máxima expresión social y que debe ser el regulador natural y supremo de toda nuestra vida.

Pido una justicia que se me ha negado sistemáticamente y exijo que sea expedita y expresa como lo ordena la ley. No soy un delincuente y merezco un proceso justo. No he trasgredido la ley, y merezco la protección de la comisión que usted preside dignamente por que la gravedad de la afectación a mis derechos abarca, al trascender mi esfera particular, a miles, tal vez, más de un millón de mexicanos, y precisamente de aquellos que, por su posición económica y social requieren más ayuda y protección de un Estado. Soy una víctima que ha sido calumniado, vilipendiado y estigmatizado mientras se cometían todo tipo de tropelías en mi contra por la autoridad ejecutiva del país a través de sus dependencias y entidades.

No es justo, no es ético, no es moral. Me han quitado injustamente mi libertad, han dañado a mi hija, una joven inocente y ajena absolutamente a toda responsabilidad, pretenden arrebatarme mis bienes que ya usufructúan indebidamente, ilegalmente, lo que no podrán es quitarme la fe, la esperanza y mi coraje; tengo fe en que dios me dará la tranquilidad y sabiduría necesaria para soportar el duro transito de la injusticia. Tengo la esperanza de que los causes institucionales me devuelvan aquello que por justicia es mío y me fue arrebatado con calumnias y abusos, tengo mucho coraje; soy un hombre inocente que ha soportado con valentía y decisión un trato anómalo y perverso, que no merezco, y he decidido con toda convicción luchar, denunciar, y exigir justicia. No me van a callar no podrán acallar mi denuncia por que tengo de mi lado la justicia verdadera y la razón que siempre vencerán a los injusto y a lo absurdo. He decidió una vez más aclamar mi inocencia y el respeto pleno a mis más elementales derechos humanos.

Por lo expuesto, A USTED C. PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, atentamente pido:

UNO.- Tenerme por presentado por el presente ocurso, mediante el cual presento formal queja por la violación sistemática y grave en contra de mis derechos humanos, que por su afectación a terceros, constituyen violaciones de Lesa Humanidad a derechos humanos a mis ex-empleados y cooperativistas afectados.

DOS.- Nombrar a un visitador que constate los derechos narrados e integre un informe objetivo sobre las violaciones descritas.

TRES.- En su oportunidad, emitir una recomendación o pronunciamiento contra quien o quienes resulten responsables.

CUATRO.- Le pido Dr. José Luis Soberanes Fernández, que en esta ocasión si se realice
una investigación sobre mi condición de hombre afectado en sus derechos y garantías, pues han sido varias las ocasiones que me he dirigido a la institución que usted dignamente conduce, y sus respuestas no han sido satisfactorias (me contestan siempre de la CNDH: que es un asunto judicial y no de su competencia; pero la conclusión personal y de un gran grupo de personas es de que es necesario que la CNDH intervenga, ya que no han respetado nunca la Constitución, leyes, ni tampoco lo dispuesto por la CNDH y algunas otras instituciones que protegen mis derechos y garantías fundamentales, las autoridades que llevan mi proceso); por tanto solicito que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me ayude a encontrar una pronta y acertada solución a mi problema, que se entrevisten con las autoridades pertinentes para que la CNDH les pida: respetar y apegarse a las leyes y se me otorgue justicia .

A continuación pongo a su disposición los datos necesarios para que se tomen las medidas que la honorable Comisión Nacional de los Derechos Humanos que usted dignamente preside, crean convenientes:

El expediente se encuentra en el tercer tribunal unitario en materia penal, a cargo del Lic. José Guadalupe Luna Altamirano.
El número de toca es: el 187/2007. El cual actualmente han cambiado al número 524/2007.

Sin más por el momento, y agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, y en espera de su pronta y favorable respuesta le proporciono mi correo electrónico:

C.c.p. Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Primer Visitador General, para su conocimiento.
       Dr. Luís García López-Guerrero, Director General del Programa de Atención a Víctimas del Delito,
       para su conocimiento.
       Archivo.